Tras la demanda civil interpuesta por Carles Puigdemont, en contra de Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, Pedro Sánchez se ha pronunciado afirmando rotundamente que “no es una cuestión de defender a un juez o a otro juez con nombres y apellidos, sino que un Estado lo que tiene que hacer es defender su soberanía jurisdiccional cuando esta se pone en cuestión”. Así lo ha comunicado el presidente del Gobierno tras las anteriores declaraciones en las que decía que el Estado no podía asumir la defensa del juez por actos privados.

Después de que se produjesen protestas por esto, la Moncloa anuncio que se hará cargo de la defensa de Llarena, contando con un bufete belga para que se encargue de ello. Tras esto Dolores Delgado, ministra de Justicia confirmó la defensa del juez.

Tras esto no se habían vuelto a saber de palabras del Presidente, quien en la rueda de prensa que ha dado en Santiago de Chile ha validado la decisión haciendo alusión a que no se trata de un magistrado en concreto, sino que es debido a “la soberanía de jurisdicción” de España. De este modo no se ha hecho alusión a una rectificación ya que el Presidente ha declarado que “desde el primer minuto” se ha atendido los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial de manera positiva.

Como ya recogimos en The Journalist, continúa el acoso a Llarena, debido a que en sus vacaciones se ha visto obligado a cambiar su lugar de veraneo en el Pirineo catalán por un lugar de Francia. Esto es debido al acoso por parte de algunos sectores del independentismo.

Sánchez además ha defendido la petición por parte de la Fiscalía Superior de Cataluña hacia los Mossos por identificar a las personas que retiran los lazos amarillos situados en espacios públicos y que ha tenido lugar este mes de agosto en varias provincias de Tarragona.

Tengo la certeza de que los dirigentes independentistas catalanes aprovechan el lógico desconocimiento de la ciudadanía para saber cuál es exactamente el proceder que los fiscales tienen en un Estado de derecho como el español para confundir a la ciudadanía. La Fiscalía es autónoma y el Gobierno respeta su autonomía” aseguró el Presidente.

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