Modo día

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se ha visto forzado a cambiar su lugar habitual de veraneo en el Pirineo catalán por un lugar de Francia que no ha trascendido. El motivo de esta decisión es el acoso por parte de algunos sectores del independentismo catalán al magistrado que ha instruido la causa contra el gobierno de Carles Puigdemont por rebelión y sedición.

Esta persecución a Llarena se evidenció el pasado 29 de julio, cuando el juez tuvo que afrontar un “escrache” que los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) le organizaron en el restaurante de la localidad de Palafrugell donde se encontraba cenando con su mujer y unos amigos, compañeros suyos de un club motero. Desde meses atrás el magistrado y su familia se habían visto obligados a llevar escolta ante actos de intimidación similares.

Sin embargo, no todo son malas noticias para el juez Llarena. El pasado jueves 16 el Consejo General del Poder Judicial accedió otorgarle el amparo judicial que solicitaba ante la demanda que presentaron contra él el ex president catalán Puigdemont y varios ex consellers más el 5 de junio en Bruselas. Los demandantes acusaban al juez español de no haber respetado su «derecho a la presunción de inocencia» y de no ser «imparcial».

El amparo judicial concedido a Llarena, explica el CGPJ, se contempla en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para situaciones de «ataque planificado a las condiciones de independencia en las que se desarrolla su [del juez en cuestión] labor jurisdiccional». El órgano judicial estima que éste es el caso que se está dando con la demanda contra Llarena: «Su único fin es condicionar e influir en futuras resoluciones judiciales que pueden adoptarse» ya que «los procesados demandantes en Bélgica han urdido una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado Llarena, intentando sin disimulo alguno someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero» En su petición de amparo, Llarena iba en la misma línea al definir la demanda civil de Puigdemont contra él como un «ataque planificado, grosero y fraudulento».

«La demanda cuestiona toda la instrucción llevada a cabo, tachándola de parcial y de arbitraria, pretendiendo que un tribunal belga considere que se ha vulnerado la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales», continúa el órgano judicial, que tajantemente afirma que «se antoja difícil considerar que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español», al considerar que con la demanda se cuestiona «la esencia misma del Estado de derecho».

Ante esta situación, el CGPJ se compromete a adoptar «todas las medidas necesarias» para garantizar la independencia y seguridad del magistrado del Supremo. Además, pide al Gobierno que haga lo propio y que a través de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores actúe «para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica».

En principio, Pablo Llarena está citado el próximo 4 de septiembre a comparecer ante un tribunal belga. No obstante, el anterior juez decano de Madrid, Antonio Viejo, decidió no cursar por «improcedente» la petición de las autoridades belgas para advertir a Llarena de su citación. De la misma opinión era el ministro de Exteriores Josep Borrell, quien pidió a las autoridades belgas que intercedieran en defensa del juez español cuando los tribunales de Bruselas decidieron aceptar a trámite la demanda civil de los líderes independentistas huidos. Ante la negativa belga, está por ver cómo se desarrollarán los acontecimientos, y si finalmente Llarena comparecerá en Bélgica o no.

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