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La decisión ya está tomada, y el gobierno se muestra firme con ella. Los restos de Franco serán retirados del Valle de los Caídos mediante un decreto ley que reformará la actual Ley de Memoria Histórica. Así lo anunció La Moncloa el pasado martes, indicando que será en el Consejo de Ministros de este viernes cuando se llevará a cabo.

El Gobierno ya sabía que, sin el beneplácito de la familia del dictador, debían buscar una alternativa para la exhumación del cadáver. Han considerado entonces que la modificación de la Ley de Memoria Histórica podría acarrear futuros problemas así que, para “evitar demandas judiciales de la familia”, según ha informado José Guirao, ministro de Cultura y Deportes, se han decantado por el decreto ley.

De esta forma el ejecutivo de Sánchez plantea poner fin a una de las promesas que realizó en la primera comparecencia del Presidente en el Congreso de los Diputados. No obstante, aun con el previsible apoyo de sus socios de gobierno (aunque ERC ha condicionado su voto a que el Gobierno anule las sentencias del franquismo, entre ellas la condena a Lluís Companys), tanto Partido Popular como Ciudadanos han mostrado su rechazo ante la solución tomada.

Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha afirmado en una entrevista a RNE que su partido no estará dispuesto a aprobar el decreto ley. Desde Génova no quieren participar “en resucitar el pasado para evitar que se hable del futuro”.

“Nosotros no vamos a estar en esta cuestión. Que no cuenten con nosotros en el Gobierno para esto, porque no estamos de acuerdo en resucitar el pasado para evitar que se hable del futuro y evitar que se hable de la subida de impuestos. No vamos a colaborar en este intento de retorcer la mayoría de los españoles”, señaló.

El también popular Francisco Martínez, portavoz de su partido en la Comisión Constitucional de Congreso, aseguró al periódico El Mundo que sienten inquietud por conocer “las razones de urgente necesidad” que argumenta el Gobierno para proceder a la exhumación de los restos de Franco.

Ciudadanos se mostró favorable 2017, aunque ahora se niega al Gobierno de Sánchez. Desde el bando naranja han anunciado la abstención en el Congreso en la votación sobre el decreto ley, ya que no consideran que éste se vaya a realizar “como si fuera una urgencia”.

“Puedo avanzar que con el hecho de proponerlo por decreto ley, no vamos a apoyar esa convalidación porque no son las formas ni la prioridad ni lo que nosotros haríamos si estuviéramos gobernando”, señaló Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en Onda Cero.

Ya fuera de la esfera política, desde el Arzobispado de Madrid han comunicado al periódico ABC que la decisión sobre los restos del dictador debe llegar a través de un acuerdo entre el Gobierno y la familia. Es decir, que, en caso de que no exista consenso entre ambas partes, el Valle de los Caídos se regirá por las normas aplicables a los lugares de culto y a los cementerios públicos, tal y como aparece en la ya citada Ley de Memoria Histórica.

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