Cometer errores en la declaración del IRPF puede resultar problemático, ya que Hacienda suele sancionar a los contribuyentes despistados como si hubieran defraudado intencionadamente. Sin embargo, los tribunales evalúan cada caso para determinar si la AEAT ha respetado el derecho a la presunción de inocencia. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia liberó a un contribuyente de una sanción de más de 72,000 euros al demostrar que se equivocó en las declaraciones de IRPF de 2014, 2015 y 2016. Este fallo ha generado debate sobre la necesidad de incluir el “derecho al error” del contribuyente en la ley tributaria española, siguiendo el ejemplo de países como Francia.
El tribunal gallego aboga por incorporar el “derecho al error” en la legislación tributaria española, sugiriendo un cambio en la forma en que Hacienda interactúa con los ciudadanos. Francia implementó este derecho en 2017, brindando protección a los contribuyentes que cometieron errores no intencionales, siempre que demostraran buena fe y la ausencia de fraude.
En España, a pesar de intentos anteriores de introducir este derecho, aún no está legislado. Recurrir es la única opción para evitar sanciones de Hacienda, pero levantar una sanción es difícil. La abogada fiscal Nuria Diez aconseja presentar un escrito expresando desacuerdo y explicando que el error no fue intencional. Si Hacienda no acepta, se puede intentar a través del recurso voluntario de reposición y, en última instancia, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sin embargo, aceptar y pagar la multa puede resultar más atractivo para algunos contribuyentes, ya que ofrece una reducción del 40%. Esta estrategia, según Diez, es una táctica de presión de Hacienda para desalentar los recursos. En casos de error involuntario, es crucial demostrar la buena fe del contribuyente, pero la Administración Tributaria a menudo parte de la presunción de fraude.
El reciente fallo del tribunal gallego plantea la posibilidad de que Hacienda reconsidere su enfoque y cambie su forma de actuar. La complejidad de la normativa fiscal española y la falta de reformas en la Ley General Tributaria contribuyen a la dificultad de cumplir correctamente con las obligaciones tributarias. Algunos expertos abogan por una revisión de la legislación fiscal y una mayor regulación de la figura del asesor fiscal para mejorar el sistema tributario.
