La Comisión de Expertos sobre Transición Energética aboga por una subida del precio del gas de un 5,8% y por un incremento del diésel y la gasolina de un 28,6% y un 1,8% respectivamente. Por contraposición también propone reducir en un 6,8% el precio de la electricidad en baja tensión.

Esta propuesta de cambio de fiscalidad medioambiental que se ha singularizado en la llamativa subida del precio del diésel es consecuencia de los compromisos alcanzados por los firmantes del  Acuerdo de París (2015) en cuanto a la reducción de emisión de Gases de Efecto Invernadero.

El objetivo de la UE es reducir las emisiones en torno a un 80% para 2050 y lograr una descarbonización de la economía. En este marco, en julio del pasado año el Consejo de Ministros creó una Comisión de Expertos para que analizasen diferentes opciones y definiesen una estrategia que hiciese posible llegar a cumplir esos objetivos anteriormente mencionados en materia medioambiental.

La base de la reforma propuesta por esta Comisión se basa en la creación de nuevos tributos que internalicen los costes medioambientales asociados, acompañados de la desaparición de otros impuestos que gravan la energía  y que afectan a los precios y a la demanda de productos que son sustitutivos de las energías más contaminantes.

Cabe decir que en España los tributos medioambientales han venido siendo los más bajos de toda la UE y, si singularizamos en el caso de los carburantes, gasolina y Diésel, los precios de estos son más bajos que los de países vecinos como Portugal o Francia y están por debajo que los de la media de la OCDE.  Es llamativa además la baja fiscalidad del Diésel con respecto a la gasolina, lo que ha llevado a un precio final de este combustible inferior, provocando una mayor compra de vehículos diésel en nuestro país.

Los últimos estudios sobre emisiones ponen de relieve que esta desigual fiscalidad no tiene sentido desde el punto de vista medioambiental, puesto que los vehículos de gasoil emiten más emisiones de CO2 por litro que los de gasolina y emiten más agentes contaminantes por kilómetro recorrido.

Así que, esta Comisión de Expertos, basándose en el eje de su reforma, la internalización de los costes medioambientales, recomienda incrementar los impuestos al diésel hasta, al menos, igualarlos con los de la gasolina. De ahí nace ese incremento de un 28,6% del precio del diésel.

Esta subida se traduce en un incremento de unos 9,55 céntimos por litro, por lo que si llenamos un depósito de 50 litros pagaremos unos 5 euros más de lo que veníamos haciendo. Esta subida sumada a la que ya venía dándose en los últimos meses con las subidas de precios de los carburantes supone un importante perjuicio para el bolsillo de los conductores.

Además el informe no se queda ahí y también recomienda una subida del impuesto de matriculación de los vehículos Diésel, aunque esto ya son competencias de los Ayuntamientos y que no dependen del Gobierno central. Tengamos en cuenta que en este país hay unos 18 millones de vehículos diésel, cuatro millones más que de gasolina.

Sin duda que esta medida afectará a la venta de coches diésel, ya en caída y provocará un incremento  de la demanda de coches de gasolina por lo que las productoras de automóviles se verán forzadas a reprogramar su producción.

En cuanto a autónomos, transportistas y agricultores se ha mostrado el total rechazo a la propuesta, a pesar de que en el informe se asegura que seguirán contando con bonificaciones, exenciones y habla de que  “se plantean mecanismos de compensación para las industrias más expuestas a competencia internacional para evitar perder competitividad, tejido productivo y empleo”.

A pesar de estas afirmaciones la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos se ha mostrado contraria a la reforma y calculan un sobrecoste medio para autónomos de unos 2.100 euros anuales, siendo un golpe muy duro para los más de 200.000 autónomos que usan como principal materia prima de su desempeño el Diésel. También los organismos vinculados al transporte en carretera han mostrado su rechazo.

Es lógico pensar que una subida del carburante implicará una subida en los precios finales y una contracción de la demanda o una reducción en el margen de beneficios de las empresas afectadas. 

Si  bien vemos que estas medidas, que tanta polémica han suscitado, se enmarcan dentro del objetivo de cumplir con los acuerdos internacionales en materia medioambiental, no podemos negar que ofrece una interesante posibilidad recaudatoria al nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Según estimaciones del PSOE implicaría un incremento en la recaudación de unos 2140 millones de euros anuales, 600 el primer año, pues la subida se va a plantear presumiblemente de forma gradual.

Sólo queda esperar y comprobar si este incremento en la recaudación se traduce en un incremento en las ayudas a la inversión en energías renovables, o en una reducción en la presión fiscal sobre estas energías, que es otro punto en el que incide el informe de la Comisión de Expertos, y que al fin y al cabo es el principal objetivo de la reforma, lograr la denominada Transición Energética. O si por el contrario sirve sólo de justificación para otro incremento de la presión fiscal a particulares y autónomos, así como de un instrumento para la financiación del coste de otras políticas. Por ejemplo el incremento del permiso de paternidad hasta 5 semanas, que ya implicó un incremento presupuestario de 2559 millones de euros para estos fines en los últimos PGE.

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