El miércoles 24 de octubre se hizo efectiva la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Sus restos reposan ya junto con los de su esposa, Carmen Polo, en el Cementerio De El Pardo-Mingorrubio. “La ministra de Justicia y notaria mayor del Reino, Dolores Delgado, ha dado fe de la extracción del finado de la fosa de la basílica de Cuelgamuros y de su reinhumación posterior”. El cuerpo del dictador ha sido trasladado en helicóptero a Mingorrubio, donde Ramón Tejero ha oficiado una misa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado tras finalizar el proceso: “Hoy se pone fin a una afrenta moral”. La oposición ha criticado el “electoralismo” del Gobierno. Santiago Abascal, líder de Vox, se ha dirigido a Sánchez como “carroñero”. La familia de los Franco han calificado esta actividad de “profanación” e “impúdico circo mediático”, que supone un “atropello” de sus derechos fundamentales.
“Todo el proceso de exhumación y reinhumación de Franco tendrá un coste para las arcas públicas de un máximo de 63.061 euros, de los que 39.911,79 euros han sido destinados para la nueva tumba en Mingorrubio.”
Como ciudadanos, deberíamos plantearnos cuáles son las ventajas o la influencia que nos puede traer esta medida parlamentaria que pretende exhumar un cadáver y trasladarlo a otro recinto, llevándose por delante más de 60.000€ de las arcas públicas. Esta suma, que bien es cierto que entre todos los españoles no llegaría a más de 0.0001€ por individuo, y resulta innecesario y contrario a la situación actual del país, donde urgen más las medidas económicas y territoriales que las ideológicas, impulsadas por un partido como “ofrenda” a un pacto efectivo entre otras partes.
En el ámbito económico, da la sensación, que muchos de los partidos políticos actuales tienen como costumbre el derroche de dinero público con el fin de alcanzar sus objetivos y de suplir sus interéses propios, y no los del bien común, los de la ciudadanía española, ya sea exhumando un cadáver o repitiendo unas elecciones que, por indiferencias en las negociaciones de las partes influyentes, llevará un alto coste público, y es que organizar las elecciones del 28 de abril costará 130 millones, más las subvenciones a los partidos para la campaña.
En el contexto de la jurisprudencia, esta medida va en contra del derecho de los familiares a elegir el dónde y el cómo va a ser el reposo de su finado, que después de 44 años, y por acción total y totalitaria del gobierno queda exhumado y movilizado a otra localización, sin capacidad de decisión por una de las partes.
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