Juana Rivas, condenada a cinco años de prisión y a seis de inhabilitación de la patria potestad de sus hijos. La calle ha vuelto a gritar indignada, la masa vuelve a envolver a los tribunales con movilizaciones en las plazas de ayuntamientos y Audiencias. Algunos ciudadanos incrédulos ante la sentencia dictada por los tribunales han aclamado por el indulto de esta madre coraje para algunos, delincuente para otros.

Un servidor, seguramente por mi carácter centrista, la considera una delincuente y una madre coraje a partes iguales. Es valiente por plantar cara y no achantarse ante el presunto maltratador de su marido. Pero, sin embargo, ese don se ve ensombrecido por su comportamiento durante el proceso judicial y por el delito de secuestro que ha cometido sobre sus hijos. Juana, ya sea por su propia voluntad o por los consejos de los letrados que le protegieron en la causa, decidió tomarse la justicia por su mano al huir con sus hijos a un lugar indeterminado sin dejar rastro y al ausentarse de las comparecencias a las que debía de asistir para declarar como acusada. Ilusa, se creía inviolable, consideraba que el fin justificaba los medios y antepuso la protección de sus hijos a la legalidad y a las reglas establecidas. Normas, instituidas, para orientar la conducta de la sociedad y que, sin ellas, nuestra realidad se basaría en un libre albedrío en donde todos los sujetos actúan en base a sus impulsos o intereses. Lex autem difficile non est lex, la ley es dura, pero es la ley, decía ese principio latino. Legislación, que por muy garantista o estricta que sea, hay que cumplir sin titubear, aunque no se conozca la ilicitud de los actos, pues el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento.

Conciencia, que si tenía Juana. La madre sabía que llevándose a sus hijos de manera premeditada y con alevosía estaba cometiendo un acto punible por el código penal. Del mismo modo que Puigdemont cuando declaró la independencia e incurrió en un delito de sedición, Rivas era plenamente consciente de la ilegalidad de su comportamiento. Por muy lícitos o respetables que sean los objetivos de un individuo, si para conseguirlos se debe violar la legalidad, se tienen que asumir las consecuencias de los actos. Aunque parezca que sí, el fin no justifica los medios. Al igual que la autodeterminación del País Vasco era respetable, que no quiere decir viable, el hecho de asesinar a miles de personas para conseguirlo convierte a un fin aparentemente loable en ilícito cuando para conquistar el fin se viola la libertad o las garantías de otros. Juana Rivas, al secuestrar a sus vástagos, privo a su padre de su derecho a la patria potestad sobre sus hijos. Progenitor, que por muy presunto maltratador que sea, si unos tribunales no dictaminan la pérdida de la custodia de los pequeños, este tiene el derecho de disfrutar de ellos.

Las sentencias se deben respetar, al igual que al poder judicial que las elabora. Es incoherente pedir el indulto para Juana Rivas mientras se pide que a Junqueras y al resto de presos independentistas se les dicten sentencias ejemplares. Por mucho que pese, y sé que lo que voy escribir a continuación va a generar polémica, Juana Rivas es igual de delincuente que Puigdemont y que todos aquellos que atentan contra el Estado de Derecho.

 

 

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