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Las muestras de reivindicación ciudadana que surgieron tras la polémica sentencia de ‘la Manada’, que decidió condenar a los 5 acusados por agresión sexual y no por violación, han recibido respuesta por parte del Gobierno. Ha sido Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, quien ha propuesto este martes una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reforma se hará mediante la incorporación de juristas feministas “alejadas de la perspectiva de género”.

“Si una mujer no dice «sí» expresamente, todo lo demás es no”,  ha argumentado la vicepresidenta en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, señalando la legislación sueca y alemana como modelos a seguir en la lucha contra la violencia de género.

“Ahí es donde está preservada  su autonomía, su libertad y el respeto a su persona y a su sexualidad”, ha defendido Calvo refiriéndose a la afirmación explícita.

Además, Carmen Calvo ha anunciado que el Gobierno está buscando nuevas medidas para acompañar a las víctimas en su defensa, así como un “esfuerzo presupuestario mayor” para la lucha contra la violencia machista.

La ministra aclaró que el Gobierno busca evitar interpretaciones subjetivas por parte de los jueces, y se mostró favorable a la educación sexual en los centros escolares para evitar que la pornografía sea el único referente de los jóvenes. Para esto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé introducir la asignatura de “valores cívicos”.

Carmen Calvó anunció, además, que a partir de ahora el número de mujeres víctimas de la violencia de género se anunciará a través del cómputo global, no del mensual, para visibilizar así aún más el problema de la violencia de género; también comunicó el encargo a la Real Academia Española (RAE) de un estudio para adecuar la Constitución a un lenguaje inclusivo.

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