Con 38 votos en contra y 31 favorables, el Senado argentino rechazó ayer el proyecto para legalizar el aborto hasta la decimocuarta semana que había aprobado la Cámara de Diputados en junio. Por lo tanto, la interrupción del embarazo se mantiene como un delito penado con hasta cuatro años de cárcel, en virtud de la ley de 1921 que seguirá en vigor.

Esta longeva normativa, que sólo permite el aborto en caso de violación o riesgo de vida para la madre, es la que el presidente Mauricio Macri ha intentado sustituir por otra más reciente. Pero finalmente en la votación de ayer fue su propio partido, Cambiemos, el que más votos aportó a la causa del no.

El resultado de la votación dejó sumida en la consternación a la manifestación favorable a la reforma que, bajo simbólicos paraguas de color verde, aguardaba noticias en el exterior del Senado. Por el contrario, no muy lejos de allí los manifestantes antiabortistas vestidos de celeste celebraron su éxito con una cierta incredulidad. El motivo de la misma es que desde que el pasado 14 de junio la Cámara aprobara el proyecto de ley -por 129 votos a favor y 125 en contra- la sensación generalizada era la de que la reforma iba a salir adelante. Pero a medida que fueron pasando los días cada vez fue más rotunda la condena de la Iglesia católica, entre otras, tan influyente en la Argentina rural representada más en el Senado que en la Cámara. En la política argentina, como en toda la política latinoamericana, la religión tiene un peso mucho mayor que en Europa, así que no fue extraño que muchos senadores votaran ayer en contra apelando a la religión.

Por el contrario, los defensores de la legalización sostuvieron que el aborto es una realidad con aprobación legislativa o sin ella, por lo que convenía legalizarlo para asegurar que se practique de forma segura. «Los abortos se hacen y el debate hoy es por el aborto legal o ilegal», fueron las palabras de la senadora peronista Norma Durango. Otros voces, dentro y fuera del Senado, han afirmado a lo largo de estas semanas que en la Argentina se produce un aborto cada minuto y medio. Otras señalan la cifra de entre 350.000 y 450.000 mujeres abortistas al año.

Pero lo cierto es que los partidarios del estaban en minoría y que eso quedó claro casi desde el primer momento. Entre los grandes partidos sólo el kirchnerismo se mostró a favor del cambio en la ley, después de que su principal líder, la predecesora de Macri Cristina Fernández de Kirchner, se negara a debatir un cambio en la ley sobre el aborto durante su mandato de ocho años, de 2007 a 2015.

Según algunos expertos conocedores de la política argentina, los “verdes” cometieron un ingenuo error al dar por sentada la victoria tras su éxito en la Cámara. No supieron apreciar la fuerza que estaba cogiendo el movimiento contrario a la reforma en la calle, al menos en las calles de toda la Argentina que no se llama Buenos Aires. Fue desde las provincias, tan olvidadas por los muy urbanitas “verdes”, de donde provino la presión antiabortista que acabó con las posibilidades del . Así, hubo casos como el del radical (es decir, miembro de la Unión Cívica Radical) Julio Martínez, quien tras haber dudado entre un voto u otro se decantó firmemente por el no cuando los sondeos dejaron claro que el 70% de la provincia de La Rioja se mostraba en contra de ampliar el acceso al aborto. La reacción “verde” fue nula en estos escenarios rurales y tradicionales. Hoy ya es tarde para lamentaciones. Argentina seguirá con la ley de 1921.

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