Desde primera hora de esta mañana centenares de agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) se hallan inmersos en una macrooperación anticorrupción que afecta a municipios de toda España gobernados principalmente por PP y PSOE. Buscan evidencias de una vasta trama que, presuntamente, amañaba contratos oficiales para la empresa de infraestructura viaria Aplicaciones Gespol para que ésta colocara semáforos a cambio de comisiones ilegales. Además, manipulaba los datos de accidentes de tráfico para justificar la instalación de radares donde no eran necesarios, con el obvio fin de lucrarse con la recaudación resultante.
Bajo el nombre de operación Enredadera y la dirección del juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), se han llevado a cabo un total de 49 registros en múltiples ayuntamientos, despachos privados y sociedades y 19 requerimientos de documentación en varios de los municipios implicados. Asimismo, se estima que la cantidad final de detenciones rondará las cuarenta, de las que en al menos 15 casos los arrestados deberán permanecer bajo custodia policial hasta pasar a disposición del citado juzgado de Badalona. Los detenidos son, en la mayoría de los casos, funcionarios públicos y autoridades municipales tales como concejales e, incluso, algún alcalde, como es el sonado caso de Carlos Ruipérez, primer edil de Arroyomolinos (Madrid), quien desde hoy ostentará el dudoso honor de haber sido el primer alcalde de Ciudadanos detenido por corrupción. Pero entre los arrestados figuran también empresarios como el castellanoleonés José Luis Ulibarri, propietario de la constructora Begar y conocido ya por la Justicia por su implicación en la trama Gürtel. En esta ocasión se le acusa de ser uno de los presuntos cabecillas de esta red corrupta.
Los ayuntamientos registrados son los de Alcobendas (PP), Arroyomolinos (Ciudadanos), Fuenlabrada (PSOE), Majadahonda (PP), Parla (PP), Pinto (Ganemos Pinto), Torrelodones (Vecinos por Torrelodones) y Villanueva de la Cañada (PP) en la Comunidad de Madrid, Illescas (PSOE) en Castilla-La Mancha, Huesca (PSOE-Aragón) y Teruel (PP) en Aragón, Lérida (PSC), Tiana (PSC) y Mollet del Vallés (PSC) en Cataluña, Oviedo (PSOE) en Asturias, Plasencia (PP) en Extremadura, León (PP), Palencia (PP), Villaquilambre (PP) y San Andrés del Rabanedo (PSOE) en Castilla y León, y Vélez-Málaga (PSOE) en Andalucía. En la mayoría de estos casos, la UDEF ha tenido que recurrir a sus expertos en informática para efectuar los registros pertinentes.
A estos municipios se suman la diputación de Alicante y otros muchos que han recibido órdenes por parte del juzgado badalonés de presentar documentación relacionada: Mataró (PSC), Montgat (ERC), Pineda de Mar (PSC), Premiá de Mar (PDeCAT) y Rubí (PSC) en Cataluña, Aldea del Fresno (PP), Brunete (PP), El Escorial (PP), Galapagar (PP), Manzanares el Real (Progresistas de Manzanares y PSOE), Valdemorillo (Progresistas de Valdemorillo) en Madrid, La Cistérniga (PSOE) en Castilla y León, El Puig (PSPV-PSOE), Gandía (PSPV-PSOE) y San Vicente del Raspeig (PSPV-PSOE) en la Comunidad Valenciana, Logroño (PP) en La Rioja, El Grove (PSdeG-PSOE) en Galicia, y Vitoria (PNV) en el País Vasco. Por lo tanto, de las diecisiete comunidades autónomas la trama investigada se hallaba presente en menor o mayor medida en doce de ellas, lo que convierte a la operación Enredadera en una de las más ambiciosas llevadas a cabo por la UDEF en toda su historia.
Pero el foco de interés policial está puesto sobre todo sobre la empresa Aplicaciones Gespol SL. Se trata de una filial del grupo Sacyr, un referente internacional en la construcción de infraestructuras y servicios. En el caso de Gespol, su especialidad es todo lo relacionado con el tráfico rodado. Con sede en Barcelona, la empresa investigada fue constituida en octubre de 2016, pero los investigadores creen que llevaba amañando concursos públicos con la connivencia de políticos municipales desde años antes. Concretamente, muchos de los contratos que están bajo sospecha datan de los años 2010 y 2011.
Los delitos que los imputados presumiblemente deberán afrontar serán los de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.
Las primeras reacciones políticas no se han hecho esperar: desde el PSOE su secretario ejecutivo de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, prometía “contundencia” en la respuesta de la dirección federal del partido y Ciudadanos aseguraba por boca de José Manuel Villegas que los detenidos de su partido serían suspendidos de militancia y los imputados, expulsados. El Partido Popular, por su parte, prometía también la suspensión de los militantes implicados, al tiempo que cargaba contra C´s y PSOE.
